Se dice que lo peor que le puede ocurrir al pasado ya le ha sucedido… sin embargo hay veces que no es posible olvidar…existen momentos que se marcan en algún espacio de nuestro interior…momentos que nunca podrán ser un recuerdo, sino un presente perpetuo.
Ernesto Castillo Páez ingresó a nuestra universidad en el año 1985, luego de egresar del colegio Diez de Octubre. Su primera inclinación fue la economía –no sólo era excelente con los números, sino que le generaban gran afición-, sin embargo, tras empezar a estudiar esa carrera, sintió que no era para él… necesitaba de un espacio, según él, más cálido donde desarrollar su gran interés por las lecturas de carácter analítico social, que le permitiesen estudiar desde una perspectiva distinta una de sus mayores preocupaciones: la pobreza. De esta forma decidió transferirse a la especialidad de sociología, donde no sólo terminó por reconocerse vocacionalmente, sino que también encontró a muchos otros chicos de su edad preocupados por lo mismo, y un lugar dónde compartir y crecer.
Ernesto desapareció la mañana de un domingo 21 de octubre del año 1990 por la acción de efectivos de la policía nacional (PNP).
Esto sucedió en Villa El Salvador, donde Ernesto se daba un tiempo entre sus clases de francés, ser profesor de matemáticas en el ISET de Pueblo Libre, la natación y el fútbol para realizar actividades como la que se encontraba realizando el día de su desaparición: aplicar un cuestionario de investigación sobre las condiciones económico-sociales en pueblos jóvenes como aquél.
…¿Qué sucede cuando una persona desaparece? ¿qué deja detrás? ¿qué implica no conocer la verdad? ¿olvidar? ¿es posible?...
Ernesto no regresaba a casa, y tras una llamada anónima en la que se les aseguraba a los padres que Ernesto había sido detenido por la policía, iniciaron su –hasta hoy- inalcanzable búsqueda. En un inicio, los familiares de Ernesto le buscaron en todos los locales de la policía que pudieron para rescatarlo con vida, no sólo en Villa El Salvador o en San Juan de Miraflores…
A través de sus abogados, la familia buscaba por todos los medios que liberasen a Ernesto…sin embargo, los jefes de la policía negaban su detención - la destrucción de una sección del cuaderno de registro de los detenidos de aquel domingo, posteriormente significó una prueba contundente para la CIDDHH-.
Averiguar qué había sucedido con Ernesto era increíblemente difícil, los familiares en un inicio no podía acceder a los detenidos para buscar a su hijo. No pudieron obtener información de él ni siquiera cuando la jueza Dra. Greta Minaya Calle ingresó a los calabozos de la Dircote donde se encontraban detenidos los cuatro estudiantes capturados el mismo día en Villa El Salvador, ya que ninguno afirmó haberlo visto o conocerlo, a pesar que les enseñó su fotografía.
Entonces, durante aquellos largos días, la familia decidió salir en búsqueda de quien pudiera darles razón de Ernesto, encontrando por sus propios medios a los testigos que habían presenciado la detención de Ernesto a no más de 2 metros de distancia. Los hechos fueron los siguientes: ese domingo, a 8 cuadras de donde Ernesto fue detenido, se había realizado una marcha pro Sendero. Por esto la policía y el ejército se encontraban en la zona para detener a los sospechosos responsables. Ernesto caminaba por un parque, solo, cuando una patrulla de la policía conocida como los boínas rojas de Radiopatrulla, le cerró el paso. El fue reducido y examinado, no se le encontró nada que lo relacionara con la marcha, sólo tenía consigo su libreta electoral…a pesar de esto, fue introducido dentro de la maletera del vehículo y desde ese momento, nadie excepto sus captores y torturadores, volvió a verle.
En el transcurso de esas semanas, y a pesar de todas las dificultades que implica el enfrentarse a un sistema corrupto y violento además de dictatorial, en medio de gran sorpresa y cobertura mediática, los familiares de Ernesto lograron hacer proceder el Hábeas Corpus, más allá que entre los acusados por la desaparición forzada se encontrase el ministro del Interior, Adolfo Alvarado Fournier.
El ministro fue acusado constitucionalmente por el Congreso de la República, como responsable del delito de lesa humanidad “Desaparición Forzada”. Nunca antes una acusación tal había sido efectiva para un ministro en ejercicio. En este proceso también fueron acusados el Gral PNP-PG Víctor Manuel Alva Plascencia, Jefe de la Policía Nacional y Gral. PNP Enrique Oblitas Jaén, Jefe de la Dircote.
Nuevamente, no debemos olvidar que la dictadura Fujimontesinista ya se encontraba instaurada en el poder, por lo tanto, se inició un terrible, largo y oscuro proceso judicial, en el cual la familia tuvo que soportar la revocatoria del H.C por un juzgado corrupto y seleccionado, además del autogolpe del 5 de abril de 1992, el cual detuvo el proceso en nuestro país.
Sin embargo, ya desde el 12 y 13 de noviembre de 1990 con el asesoramiento de la Comisión Andina de Juristas de Lima (CAJ) se elaboró un informe de denuncia de la desaparición de Ernesto para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), de modo tal que para el 13 de enero de 1995, luego que el Estado dio por terminado el proceso sin condenar a nadie, se le pidió a esta Comisión eleve por su intermedio la petición de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH).
Fue gracias a la colaboración crucial de los testigos (la cual no era fácil de obtener a causa de las pocas garantías con las que contaban estas personas en una dictadura), la labor de los abogados (siendo el primero el Dr Augusto Zúñiga Paz -quien siguiera en el proceso a pesar que en el año 1991 recibió una carta bomba que terminó por amputarle el brazo izquierdo-, continuando luego con el Dr. Ronald Gamarra y el Dr. Carlos Rivera), el trabajo incasable desde un inicio por parte de la jueza Dra. Greta Minaya Calle, la insistencia y labor de los padres y familiares de Ernesto, pero sobre todo lo nefasto del crimen mismo, significó que para el 03 de noviembre de 1997, la CIDDHH emitió su sentencia en la que ratificó por unanimidad que el Estado peruano estaba obligado a reparar las consecuencias de las siguientes violaciones: 1) a la libertad persona, 2) a la integridad personal, 3) a la vida, 4) a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, estando obligado entonces a indemnizar a los familiares de las víctimas y a que se realice el debido proceso inmediatamente.
Sin embargo, durante el gobierno de Fujimori no se cumplieron las demandas de la CIDDHH, y fue sólo con Paniagua que el proceso se reabrió el 28 de diciembre del 2000, y ya para el 18 de diciembre del 2007 se ratificó por unanimidad la pena de 15 años para los tres policías subalternos y al coronel (r) Mejía León a 16 años, por ser el responsable principal por la detención y muerte de Ernesto.
A pesar de esto, el cuerpo de Ernesto Castillo Paéz, estudiante de la PUCP en el año 90, aún no ha sido encontrado, y hasta el día de hoy sus familiares no conocen la verdad de la desaparición y muerte de su hijo, ya que los culpables –y condenados- continúan negando el crimen.
El hecho y razón de este artículo es el de la desaparición, tortura y asesinato de una persona, una persona como cualquiera de nosotros, quien más allá de cuál haya sido su nombre, su apariencia, o sus ideas, compartió con muchos otros el mismo momento de realidad, para al siguiente desaparecer, dejando un vacío inexplicable, irreal. Ernesto fue retenido ilegalmente, sufrió torturas que terminaron por acabar con su vida…fue destruido y su cuerpo hasta hoy, desaparecido.
…¿por qué se necesita de la verdad? Lo que sucede, como dice el periodista argentino Jorge Lanata, es que “no hay futuro posible que pueda construirse en base a un olvido injusto”.
¿Qué hayan pasado 20 años aleja lo suficiente este crimen de todos nosotros? ¿es tan imposible que pase de nuevo? No, no lo es. No lo es y no lo será mientras continuemos ignorando estos hechos, mientras nos neguemos a asumir nuestro pasado y a construir “nuestro futuro posible”. Los Derechos Humanos como la Verdad, la Justicia, el Debido Proceso y la Vida son bases que superan a cualquier intención, coyuntura o política: nos preceden. Son imprescriptibles, no se destruyen, se ejercen. Que la historia de Ernesto, como la de los más de 15 mil peruanos desaparecidos nos sirva no sólo de reflexión, sino de acción.
Fuentes:
Cromwell Castillo (padre de Ernesto) “¿Dónde está Ernesto?”, Argos. Lima, 2003.
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